Concretamente, asociaciones pertenecientes al movimiento de la discapacidad y al Tercer Sector de la Acción Social solicitaron hace una semana al futuro gobierno las medidas pertinentes para mantener el modelo actual de gestión de la denominada 'X solidaria', que consideran que garantiza "equidad, cohesión y coherencia territorial". El objetivo es garantizar la continuidad de los 1.236 programas de acción social que contribuyen a generar oportunidades.
Para CNSE, este modelo de gestión del 0,7% del IRPF es "un mecanismo que se encarga de la redistribución social de parte de los ingresos fiscales elegidos por la propia ciudadanía", por lo que su desaparición provocaría que "miles de personas sordas", así como profesionales de la red asociativa de la organización, podrían verse "gravemente afectados".
En la actualidad, la entidad desarrolla cuatro programas financiados por esta vía, que están dirigidos a la población sorda más vulnerable: familias con hijos sordos, mujeres sordas, personas mayores sordas y personas sordas desempleadas, con especial atención a los más jóvenes. Actuaciones que en 2015 han registrado más de 92.000 beneficiarios, y que desempeñan un total de 55 profesionales, en su mayoría sordos, y 192 voluntarios.
Para la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, estos resultados "evidencian la necesidad de mantener un modelo vital a la hora de construir un presente y un futuro para muchas personas en riesgo de exclusión social".