En nota de prensa, la Confederación incide en que esta aplicación ya ha siso denunciada en distintos países europeos ya que "no cuenta con vehículos con autorización administrativa alguna para realizar transporte de viajeros y por tanto suponen una actividad totalmente ilegal".
Los taxistas inciden en que esta práctica "fomenta la economía sumergida" al producirse cobros "sin que quienes los realizan estén dados de alta en actividad económica alguna ni tengan cotizaciones laborales ni fiscales ni estén sometidos a control administrativo alguno". Asimismo, alertan de que esta situación "pone en peligro más de 100.000 puestos de trabajo en el sector del taxi".
De este modo, exigen a las Administraciones Públicas que adopten, con carácter inmediato, las medidas necesarias para impedir que se vulnere la legalidad establecida y se proceda a prohibir de forma tajante este tipo de actividad tercermundista, ilegal y extremadamente peligrosa para los usuarios del transporte que no contaran con garantía alguna en la prestación de los servicios".