Libertad religiosa o derecho a la educación. Tras la expulsión de Nawja, de 16 años, del instituto Camilo José Cela por llevar el 'hiyab' se ha abierto el debate sobre cuales de estos dos derechos debe primar.
Hoy la fachada del instituto ha aparecido con pegatinas con el lema 'No a la islamización'. Algunas recogen mensajes contra las mezquitas y, según rezan, son del partido ultraderechista Democracia Nacional. A primera hora de la mañana dos voluntarios las han quitado porque creen que un colegio no es el lugar adecuado para mostrar tal ideología.
Lo cierto es que el martes por la tarde el Consejo Escolar del centro decidió, por 15 votos a favor y dos en contra, no cambiar la norma que prohíbe a sus alumnos entrar en el colegio con la cabeza cubierta. La norma está especialmente pensada para evitar el uso de gorras.
Sea como fuere, hoy por hoy son los centros educativos quienes determinan las reglas que rigen la convivencia de sus miembros. La tarea de legislar recae sobre el Consejo Escolar que lo conforman el director, el jefe de estudios, un representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle el colegio o instituto, profesores elegidos por el claustro, padres y alumnos, un representante de administración y servicios y el secretario del centro, que tiene voz pero no voto.
La futura ley de Libertad religiosa, promesa electoral del Gobierno, como ley orgánica, no entrará en detalles concretos como este, según ha comentado el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, quien cree que el derecho a la educación debe estar por encima de todo. No obstante, el responsable de Justicia, Francisco Caamañao, ha apuntado que, es necesario "evitar situaciones de discriminación en el ámbito de lo religioso", que, "como consecuencia de la propia historia", se producen entre grandes confesiones y confesiones menores.
Por su parte, la Comunidad de Madrid, es partidaria, según palabras de su presidenta, Esperanza Aguirre, de que los chavales no lleven nada que les cubra la cabeza. El Gobierno regional le ofreció a la alumna del instituto Camilo José Cela la posibilidad de asistir al otro centro público, a 300 metros del actual, en el municipio donde vive, que si permite llevar el velo.
Las compañeras de la chica, que tras su expulsión decidieron asistir a clase con un pañuelo en la cabeza en señal de apoyo y para hacer presión, ahora que el Consejo Escolar ha decidido mantener intacta su normativa, han dado su brazo a torcer para no perder el curso. En clase se quitan el pañuelo para evitar una sanción de los prpfesores. EBP