Seis detenidos por una estafa a centenares de personas con falsas inversiones en Dubai

AGENCIA EFE 28/07/2010 12:50

Según ha informado la Policía Nacional, los detenidos en el marco de esta operación, denominada DUBAI II, son: J.M.G.G, de 46 años, alias el 'Tiburón', de Huelva; J.L.P.S., de 73; y A.N.D., de 64 (ambos de Sevilla); M.R.N., de 61; y J.S.P., de 33, de Punta Umbría (Huelva); y R.B.B., de 35, ex director de una entidad financiera de Málaga.

A J.M.G.G. le constan 14 detenciones, y tiene decretada la apertura de juicio oral en una vista por estafa en el que el fiscal le solicita cinco años de prisión.

La nueva detención de J.M.G.G. ha venido motivada por la investigación abierta a raíz de su detención por un delito contra los derechos de los trabajadores hace unos meses.

La Policía, en una investigación desarrollada en varias comunidades autónomas, comprobó que se gestó un chiringuito financiero mediante la constitución de la sociedad Abu Dhabi Dubai Investments SLU, tras falsear ante notario la escritura de constitución y de ampliación de capital con acciones y participaciones inexistentes.

Al frente de la sociedad, fue designado como administrador único una persona insolvente, "testaferro", y se fraguó, mediante el alquiler de un pequeño despacho con teléfono, fax y una mesa en Sevilla y la contratación de varios trabajadores.

La trama ofertaba falsas inversiones en Dubai con una rentabilidad del 36 por ciento anual libre de impuestos simulando ser una SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva) y se llegó a ofrecer el producto a más de 400 personas, y también se estafó a los propios trabajadores, a quienes no pagaron las nóminas, a la Seguridad Social, y al propio despacho de alquiler.

Simultáneamente, consumaron presuntas estafas en varias provincias (Madrid, Sevilla, Huelva, Salamanca) por valor de 150.000 euros, poniendo en grave riesgo la actividad empresarial de algunas de ellas pertenecientes a autónomos y cooperativistas que vieron peligrar su continuidad.

La Policía sigue la investigación para demostrar la conexión de la sociedad investigada con otras mercantiles en un entramado societario que pudiera haber cometido delitos contra la hacienda pública mediante fraude de IVA intracomunitario.