Según informa el Cuerpo Nacional de Policía, a los siete arrestados se les imputan 18 delitos contra Seguridad Social y 11 insolvencias punibles con el fin para eludir el pago de las deudas contraídas, y en total se han investigado seis empresas creadas con este ánimo defraudatorio.
La investigación comenzó hace unos meses al ser detectadas por parte de los organismos competentes un gran número de mercantiles en Canarias, principalmente en Tenerife, que llevaban a cabo insolvencias fraudulentas o alzamiento de bienes para estafar a las arcas públicas.
La operación ha sido desarrollada en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.