Los arrestos se han producido en Murcia (7), Alicante (5), Gijón (3) y Madrid (1), según informa la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.
La investigación se inició cuando la Agregaduría de España en Bogotá (Colombia) informó de la denuncia de un ciudadano colombiano, que había realizado un pago a unos compatriotas a cambio de una oferta de trabajo mediante la que poder regularizar su situación en España.
A raíz de esta denuncia, y de la información recibida en la Brigada de Extranjería y Documentación de la Comisaría Local de Gijón, se determinó la existencia de un entramado de nueve empresas, carentes de actividad y ubicadas en las provincias de Ávila, Alicante, Murcia y Almería, a través de las que se solicitaban permisos de trabajo y residencia en diversas subdelegaciones de Gobierno del territorio nacional.
La coordinación policial permitió comprobar que los administradores de dichas empresas, relacionados entre sí y bajo la dirección de una misma persona, habían presentado hasta 660 solicitudes de trabajo de ciudadanos extranjeros, de las que 548 no fueron concedidas.
Estas entidades exigían a los inmigrantes el pago de entre 1.000 y 1.500 euros por oferta y por presentar la solicitud ante los organismos encargados de la tramitación, cuando en realidad no tenían intención de realizar efectivamente dichas contrataciones.
Además, sabían que la gran mayoría de las solicitudes serían denegadas, entre otras causas, porque mantenían deudas con la Seguridad Social que ascienden a cerca de 272.000 euros.
Los extranjeros pagaban por los permisos, pero no trabajaban para las empresas solicitantes, o lo hacían por un breve periodo de tiempo con el fin de justificar dichas ofertas, ya que su intención era únicamente regularizar su situación en España.
La operación, en la que han colaborado la Unidad Central Contra Redes de Inmigración ilegal y Falsedad documental (UCRIF) y las Brigadas de Extranjería de Alicante, Murcia, Almería, Ávila y Gijón, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.