Así se recoge en un informe que el Defensor del Pueblo ha remitido al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha hecho pública este jueves 24 de febrero esta organización, en respuesta a una queja por el hecho de que un menor no fuera admitido en el Liceo Cervantes de Roma por razón de su discapacidad, al no contar este centro con los medios necesarios para atender las necesidades de este colectivo de alumnos.
El documento, según explica el CERMI, recoge la información que la Secretaría de Estado de Educación, Formación y Universidades ha facilitado al Defensor del Pueblo, en la explica que la Consejería de Educación de Roma revisó este caso, se puso en contacto con la madre del menor y le ofrecieron matricularlo en otro centro de la ciudad, lejos del Liceo Cervantes en el que la familia quería matricular a su hijo, por lo que declinaron esta solución, y el chico sigue escolarizado en España.
De esta forma, las autoridades concluyen que el proceso ha respetado en todo momento la normativa vigente, pues en una entrevista personal puede establecerse si el alumno es apto para el nivel educativo en el que quiere ingresar.
Ante esta situación, la Secretaría de Estado explica que el Departamento dirigido por Íñigo Méndez de Vigo es consciente de la necesidad de que la normativa incluya una mención específica a la atención a la diversidad, y asegura que el ministerio trabaja ya en la redacción de las nuevas instrucciones que regularán en el futuro la organización y funcionamiento de estos centros.