La periodista, especializada en información judicial, ha sido acusada de "desobediencia a unos agentes de la autoridad", por lo que se le atribuye una infracción grave prevista en la nueva ley de protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza.
La CCMA ha manifestado su apoyo a la trabajadora a la hora de ejercer "sus derechos de defensa", y ha mostrado su rechazo a una situación que supone el impedimento de los profesionales de los medios de comunicación al libre ejercicio de la profesión.