Esta decisión del Gobierno, según asegura esta entidad, coincide con su posicionamiento defendido desde el inicio ya que "podría vulnerar gravemente las competencias" del Estado en la prestación farmacéutica pública y fijación de precios, al tiempo que "podría afectar la equidad, cohesión y unidad de mercado del Sistema Nacional de Salud (SNS)".
Todo ello iría "en perjuicio del ciudadano", que "se vería discriminado su derecho de elección a la hora de acceder a un medicamento en igualdad de condiciones que el resto de los españoles en función de la comunidad donde resida".
Además, la patronal de la industria genérica en España también asegura que la norma andaluza "podría atentar a la libre y lícita competencia entre todas las compañías farmacéuticas, al "restringir el suministro de un medicamento concreto a una única compañía".