El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, el filósofo José Antonio Marina, el director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Ignacio Calderón, y los sindicatos de enseñanza han afirmado que los altercados de Pozuelo responden a un déficit de educación y han demandado más autoridad a los padres.
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha dicho que la falta de autoridad de padres y profesores está en el origen de comportamientos como "el botellón", y que, cuando por ejemplo se permite "el tuteo" a los maestros, se está abriendo el camino a "la falta de respeto". En su opinión, los disturbios de Pozuelo se debieron "al desbordamiento de actitudes irracionales" por la pérdida de autoridad y de valores de la sociedad, y ha abogado por distinguir entre libertad y libertinaje. Múgica ha propuesto promover un gran diálogo "nacional" de todos los sectores implicados en la educación.
También se ha hecho público que la mayoría de los abogados de los siete menores acusados han recurrido la decisión del juez de Menores encargado del caso de que no acudan durante tres meses a fiestas a partir de las 22.00 horas, ya que la consideran desproporcionada. En cuanto a la puesta en libertad de los trece mayores de edad arrestados, la presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, Ana Ferrer, ha dicho que "el hecho de que no se acuerde prisión no es nada excepcional, porque lo excepcional es la prisión".
"No criminalizar a los jóvenes"
El director general del Injuve, Gabriel Alconchel, ha asegurado que "la gente joven es consciente de que debe cumplir la ley, de hecho la mayoría de ellos lo hace" y ha pedido que "no se generalice en torno a la juventud, ni se les criminalice por el acto de unos pocos", que sí deben ser sancionados.
El grupo socialista de la Asamblea de Madrid ha reclamado que el Gobierno regional constituya una Unidad de las BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana) cuya labor sea "garantizar la convivencia entre vecinos y jóvenes durante las noches de los fines de semana". El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha sostenido que el sistema educativo puede ayudar a corregir estos comportamientos, aunque ha puesto el acento en la responsabilidad de los padres. CGS