Según el escrito remitido al juzgado de Sigüenza, al que ha tenido acceso Efe, las familias de las víctimas creen que los ex-altos cargos de la Junta, entre ellos la ex-consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, han podido incurrir en los delitos de homicidio por imprudencia grave y otro contra los derechos de los trabajadores, para los cuales el Código Penal establece penas de suman hasta siete años de cárcel, en vez de los tres años de prisión iniciales.
Además, de Arévalo, piden el procesamiento del ex director general de Política Forestal, José Ignacio Nicolás Dueñas; el ex delegado de Medio Ambiente en Guadalajara, Sergio David González, y el que fuera director del parque natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz, además del ex-alcalde del pueblo donde se originó el fuego, La Riba de Saelices, José Luis Samper.
Además, las ocho familias, que ejercen la acusación a través del despacho de abogados Solano, solicitan el procesamiento de tres excursionistas que participaron en la barbacoa que provocó el incendio el 16 de julio de 2005, a quienes se atribuyen posibles delitos castigados en el Código Penal con hasta veinte años de cárcel, mientras que cuando fueron imputados en el procedimiento abreviado las penas se quedaban en tres años.
El Código Penal establece condenas de cárcel de entre uno a cuatro años de prisión por los delitos de homicidio por imprudencia profesional, además de la inhabilitación entre tres a seis años para ejercer cargos públicos, mientras que por el delito contra los derechos de los trabajadores la pena oscila entre los seis meses a tres años.
Las familias de ocho de las once víctimas de aquel incendio, que quemó casi 13.000 hectáreas de pinares, quieren que los tres excursionistas sean procesados como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia, que se castiga con penas de hasta veinte años de cárcel cuando se han producido muertes y grandes daños a la superficie arbolada.
Los letrados de las familias piden a la jueza de instrucción que que al dictarse el auto de procesamiento de los imputados se requiera a los mismos una fianza por responsabilidades pecuniarias o multas de 130.000 euros, así como al pago de 2.218.000 euros en concepto de responsabilidades civiles y otros 125.000 euros para costas e intereses del procedimiento.
Igualmente piden a la juez de Sigüenza que establezca la responsabilidad civil subsidiaria de la Junta de Comunidades, de Tragsa -empresa pública para la que trabajaban los fallecidos-, y del Ayuntamiento de La Riba de Saelices.
Asimismo, solicitan que se decrete la libertad sin fianza de todos los procesados, pero, con la obligación de fichar ante el juzgado todos los días 1 y 15 de cada mes y siempre que fueren llamados.
La jueza de instrucción de Sigüenza, María del Mar Lorenzo, dictó el pasado 10 de noviembre un auto por el que, a instancias del fiscal y con la adhesión del letrado de la Junta, transformó en sumario el procedimiento abreviado que hasta ese momento se tramitaba en su juzgado.
Con este cambio de procedimiento, el juicio ya no se celebrará en el juzgado de lo Penal de Guadalajara, sino en la Audiencia de Guadalajara y los posibles recursos se verán ante el Tribunal Supremo.