Inicialmente, la Fiscalía había evaluado los daños en 2.233,76 millones de euros, de ellos 1.974,54 millones correspondientes al Estado español; 172,86 millones para administraciones, entidades y particulares de España y otros 86,36 millones de euros para el Estado francés, administraciones, entidades y particulares de Francia.
No obstante, en su calificación de los hechos ya advertía de que esta evaluación económica era "provisional, a corto plazo y a la baja". La pericial que ha propuesto, y que ha quedado a disposición del tribunal a la espera de determinar si finalmente se admite, "va más allá del daño ambiental y abarca la totalidad de los daños", según ha precisado la Fiscalía.