La justificación de esta media, incluida en la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, presentada este lunes coincidiendo con la apertura del año judicial, es que "es posible que durante la vigencia del permiso o licencia de conducción su titular haya perdido las aptitudes psicofísicas necesarias para la conducción" y que esta situación sea conocida por el médico.
"Un porcentaje de la siniestralidad se debe, sin duda, a personas con enfermedades mentales o deficiencias que asumen elevados riesgos para sí y los demás usuarios conocidas por los médicos que los tratan", señala la memoria.
Así, aunque la Fiscalía reconoce que "resulta evidente que el padecimiento de una enfermedad se enmarca en la esfera de privacidad de una persona", la comunicación a la Jefatura de Tráfico "sin consentimiento de la persona afectada, por parte de un médico, de los datos clínicos correspondientes, reúne los requisitos exigidos por la doctrina del Tribunal Constitucional para considerar el sacrificio del derecho fundamental" a la privacidad.
En este sentido, la Fiscalía destaca la necesidad de "tutelar otros intereses constitucionalmente protegibles", como son "la vida e integridad física implicadas en el tráfico viario".
Por otro lado, señala que la educación de la seguridad vial "sigue siendo la asignatura pendiente en los propios colegios". "Mantenemos la convicción, apoyada en los datos estadísticos, de que la aplicación pronta, silenciosa, continuada y proporcionada de la ley penal es un relevante medio de prevención de riesgos y sobre todo de los trágicos resultados, casi todos evitables, que se producen en las vías públicas. También de protección y asistencia a las víctimas. Sin embargo, no ocultamos que sigue siendo necesario acentuar los mecanismos legales de reeducación, en gran medida difuminados", señala la memoria.