Así lo han informado en sendos comunicados el Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) y Derecho a Vivir-DAV Baleares en los que han señalado que el Govern ha explicado que la convocatoria es ilegal, teniendo en cuenta que el plazo intermedio entre el preaviso y la huelga debe ser de diez días y no de nueve días, como ocurre en esta ocasión.
En esta línea, IPFB señala que la sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1995 indica claramente que "nos encontramos ante una huelga ilegal que sitúa al Comité de Huelga y a los trabajadores que la secundan ante un ilícito punible con sanciones laborales".
Además, ha añadido que a la empresa afectada le obliga a declarar formalmente la ilegalidad de la huelga y notificárselo al Comité de Huelga a todos los efectos, al tiempo que la empresa puede "sustituir a los trabajadores que la secunden, a pesar de habérsele notificado la ilegalidad de la misma a la vez que no procede declarar servicios mínimos".
IPFB ha considerado que la Comunidad Autónoma debe denunciar ante la jurisdicación laboral esta "ilegalidad" al mismo tiempo que la comunica al Comité de Huelga.
Por su parte, DAV-Baleares ha criticado que los sindicatos STEI y CCOO "por intereses ajenos a los trabajadores han puesto en marcha un procedimiento coactivo sin ajustarse a la legalidad vigente", perjudicando, a su juicio, "gravemente a la comunidad educativa en general y, especialmente, a las familias y a los alumnos".
Cabe recordar que este miércoles, la Asamblea de Docentes votó a favor de realizar una huelga indefinida en la enseñanza pública de Baleares, a partir del 13 de septiembre, con 861 apoyos, mientras que 31 profesores votaron en contra, al tiempo que se contabilizaron 10 papeletas en blanco y una nula.