La Generalitat estima que la ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral vulnera competencias catalanas relacionadas con la ordenación del territorio y la gestión de los puertos, después de recibir el dictamen que había encargado al Consejo de Garantías Estatutarias.
El recurso fue anunciado el 1 de julio en Madrid en un comparecencia conjunta de representantes de Canarias, Andalucía, País Vasco, Asturias y Cataluña, al entender que la normativa estatal vulneraba competencias municipales y autonómicas y plantea "retroactividades intolerables".
El Gobierno catalán considera recurribles la delimitación estatal de los tramos urbanos y naturales de las playas, así como sus usos turísticos; la de la superficie máxima de bienes de dominio público portuario que se pueden destinar al comercio y la resultauración, y la habilitación del delegado del Gobierno para suspender acuerdos municipales.
Asimismo, ve problemas en la regulación del derecho de uso de los amarres en determinadas urbanizaciones, y la reserva para el Estado de la aprobación de los planes que elaboren las comunidades autónomas para adaptar el dominio público marítimo terrestre que se adscriban a las incidencias provocadas por el cambio climático.