España participará este jueves en un debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre niños soldados, en el que se debatirá un proyecto de resolución que persigue que los secuestros de menores sean motivo para ingresar en la 'lista negra' de países y grupos armados que cometen violaciones graves de niños en conflictos armados.
Será el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, quien intervendrá en el debate en representación de España, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas. Presenciará también la discusión el presidente del Senado, Pío García Escudero, acompañado de una delegación de la Comisión de Exteriores de la Cámara Alta.
El último informe del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, en el que alerta del aumento de secuestros en masa de niños por parte de Gobiernos y de grupos armados e insta al Consejo de Seguridad a incrementar los mecanismos de denuncia de estos hechos servirá de base para las conversaciones.
España, subrayan las fuentes, ha venido desempeñando un papel "activo" en la negociación del texto de la nueva resolución. Durante el debate abierto organizado por Francia sobre este mismo tema el pasado 25 de marzo, España apoyó la idea de que los secuestros de niños sean un motivo para incluir a ciertos países o grupos armados en la lista del secretario general sobre violaciones graves contra los niños en conflictos armados.
Esta cuestión de los secuestros de niños preocupa en particular a España habida cuenta de que es solo el inicio de prácticas que incluyen reclutamientos forzosos, abusos sexuales, tráfico ilegal de niños, esclavitud, mutilaciones y asesinatos, explican desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
España, añaden estas fuentes, está especialmente sensibilizada con las atrocidades y violaciones de derechos humanos cometidas por actores no estatales y que afectan especialmente a las niñas, como son el secuestro y la esclavitud sexual, su reclutamiento para perpetrar ataques suicidas, los crímenes de honor o el matrimonio forzoso, pues tienen un efecto "devastador" al provocar desplazamientos y afectar a sus derechos de acceso a la educación y a la salud.
En este debate, la posición de España es la de defender además la lucha contra la impunidad, lo que debe pasar por fortalecer los sistemas judiciales nacionales y la colaboración del Consejo de Seguridad con la Corte Penal Internacional.
El Gobierno español opina asimismo que los Estados afectados por estas prácticas contra los niños deben garantizar mecanismos que permitan la "protección, rehabilitación y reintegración de los niños víctimas de conflictos armados".