Lo ha explicado la ministra de este departamento, Mercedes Cabrera, tras presidir la primera reunión de la Comisión para el seguimiento de las políticas de discapacidad.
Cabrera ha explicado que ya ha hablado con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para trasladarles la petición de que se abra una investigación para aclarar si los hechos denunciados en el informe del Defensor del Pueblo sobre los centros de menores son constitutivos de delito.
La ministra ha recordado que "la exigencia de responsabilidades es competencia exclusiva de las CCAA" y que a su departamento correspondería "un trabajo más directo" con las Comunidades Autónomas, "una labor de coordinación, de diagnóstico de la situación, y desde luego de poner los medios necesarios para que no se produzcan situaciones" como las relatadas en el informe.
En este sentido, ha explicado que al ministerio no le correspondería imponer un reglamento común de funcionamiento de los centros, aunque ofrece la coordinación para consensuarlo.
Cabrera estima necesario trabajar con las administraciones autonómicas para evitar que haya disparidad en la regulación de estos centros.
"La disparidad debe ser, en todo caso, en el tratamiento de cada uno de los menores, porque probablemente estemos hablando de menores con situaciones distintas que conviven en un mismo centro, en esa dirección debemos trabajar", ha concluido.