Los avances que sobre esta investigación ha logrado la CICIG, según explicó hoy a Efe una fuente de la Fiscalía guatemalteca, se mantienen bajo reserva "por lo delicado del asunto" y porque "se deberá esperar a tener elementos concretos".
El asesinato de Rosenberg, ocurrido el pasado 10 de mayo, y la presunta implicación del presidente Colom, provocaron una de las crisis políticas y de gobernabilidad más graves que ha sufrido el país centroamericano en la última década.
"En estos días estamos viviendo una crisis sería y profunda, posiblemente la crisis más compleja que hemos tenido en los años de democracia en Guatemala", dijo el martes Colom a un grupo de víctimas de la guerra interna (1960-1966) en la ciudad de San Marcos, a 250 kilómetros al oeste de la capital.
En gran medida, tanto el mandatario como la oposición y los sectores sociales, confían en que la solución a la crisis política provenga de los resultados de la investigación que realiza la CICIG.
Por ello es que los diferentes sectores insisten en exigir al Gobierno que garantice la "absoluta independencia" a esa comisión internacional, que es dirigida por el jurista español, Carlos Castresana.
"Es necesario que se garanticen las condiciones idóneas para que la CICIG pueda realizar las investigaciones del caso, con el objetivo de garantizar la imparcialidad y la objetividad que el mismo reclama", señaló hoy en un comunicado la Convergencia por los Derechos Humanos, integrada por seis instituciones humanitarias locales.
Los principales centros de investigación académica del país, pese a sus diferentes tendencias políticas, también se unieron en la suscripción de un manifiesto, en el que exigen a las autoridades "garantizar la oportunidad investigación independiente, objetiva y exhaustiva de los crímenes y la violencia que enluta a los guatemaltecos".
El aporte de la CICIG a la resolución de esta trama política y criminal, señaló la prestigiosa Fundación Myrna Mack, "es imperativo, estratégico, de apoyo y de certeza".
La supuesta implicación en los hechos de actores tan poderosos y emblemáticos como el mandatario, su esposa, su secretario privado, Gustavo Alejos, el empresario Gregorio Valdez, y los directivos del Banco de Desarrollo Agrícola (Banrural), el segundo más grande del país, dificulta la investigación y genera mayores niveles de ansiedad entre los guatemaltecos.
Ellos fueron señalados por Rosenberg en un vídeo grabado tres días antes de su asesinato, de haber ordenado su muerte y la del empresario Khalil Mussa y su hija Marjorie, ocurrido el pasado 14 de enero.
El móvil de los crímenes, según aseguró el abogado, fue una trama de "negocios ilegales y millonarios que van desde el lavado de dinero hasta el desvió de fondos públicos a programas inexistentes de la señora del presidente Sandra de Colom, así como el financiamiento a empresas de papel utilizadas por el narcotráfico".
Todos los implicados por Rosenberg han alegado inocencia y aseguraron que detrás de los asesinatos y el vídeo existe una conspiración "de sectores oscuros" que no identificaron, que tienen como objetivo debilitar al Gobierno de Colom.
"Esta crisis la vamos a superar con fuerza y la vamos a afrontar defendiendo el Estado de Derecho y la democracia", dijo ayer Colom.
Su discurso, sin embargo, no convenció a miles de capitalinos, en su mayoría de las clases medias y altas, que salieron a las calles a exigir su renuncia para que sea juzgado por los señalamientos de Rosenberg.
Los que aparentemente sí creen en la inocencia de Colom, campesinos y pobladores de las zonas pobres del país, beneficiarios de los programas de asistencia del Gobierno, también tomaron las calles para mostrarle su apoyo al que denominan como "el presidente de los pobres".
El sindicato de maestros públicos, el más grande del país, se sumó hoy a las muestras de solidaridad con el mandatario y durante una manifestación realizada en el centro de la capital, pidió "defender la democracia y la institucionalidad".