Así, los auditores aseguran que durante este periodo, un total de 860 millones de euros fueron dedicados a inversiones no productivas. La financiación pública aportada por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural y la cofinanciación nacional cubría en muchos casos la totalidad del coste del proyecto.
Durante la investigación sobre el terreno, sólo cinco de los 28 proyectos analizados en cuatro países (Portugal, Dinamarca, Reino Unido e Italia) resultaron ser rentables. En este sentido, los auditores han advertido de que no se limitaría a la muestra, puesto que los problemas derivan de la debilidad de la gestión y control de los sistemas por parte de los Estados miembro.
En concreto, la evaluación ha concluido que los países no verificaron apropiadamente los costes declarados o que aceptaron la oferta más cara sin justificación. "La gestión sostenible de nuestro entorno agrícola es claramente importante", ha señalado el miembro del Tribunal de Cuentas responsable del informe, Jan Kinst, quien ha añadido que el apoyo de la UE "tiene que tener un sentido financiero".
Para hacer frente a esto, el Tribunal de cuentas recomienda a los Estados miembro para el futuro evaluar la implementación de los proyectos en sinergia con otros esquemas medioambientales, verificar sistemáticamente la documentación de costes y definir indicadores específicos de resultados e informar sobre ellos anualmente.
Asimismo, instan a los países de la UE a establecer criterios para determinar devoluciones potenciales de los proyectos que se beneficien de las ayudas más altas y modular niveles de apoyo, así como asegurarse de que los costes no son superiores a los de trabajos similares en el mercado.
De la misma forma, los auditores apuntan que la Comisión Europea debería monitorizar la aplicación de los proyectos en sus publicaciones anuales, además de proporcionar una guía a los Estados miembro sobre los criterios de selección y verificar que la contribución a los objetivos agroambientales es analizada en las evaluaciones.