En este sentido, Izquierda Unida ha informado de que la eurodiputada ha indicado en una carta al responsable de la UE que la Corte Europea de Derechos Humanos "ha reconocido en diferentes ocasiones que el Gobierno español no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales en la frontera sur".
Asimismo, Albiol ha advertido de que, aunque se trata de una competencia específica de los Estados miembro, la Unión Europea no puede mirar a otro lado, "mientras se violan de forma sistemática los derechos fundamentales de migrantes y refugiados" tanto en Ceuta como en Melilla.
"La UE tiene una responsabilidad sobre lo que está ocurriendo en Ceuta y Melilla. Son fronteras europeas y por eso exigimos a la Comisión Europea una investigación sobre los acontecimientos de la pasada noche. Debe esclarecerse si ha habido responsabilidades políticas", ha afirmado Albiol.
De este modo, la eurodiputada de Izquierda Unida también se ha puesto en contacto con la presidenta del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, Gabi Zimmer, para que intente que los grupos mayoritarios en la Eurocámara acepten debatir la situación de Ceuta y Melilla en una sesión plenaria.
En su misiva dirigida a Avramopoulos, Albiol ha denunciado que "los migrantes que lograron cruzar fueron inmediatamente entregados por las fuerzas policiales españolas a las autoridades marroquíes, que los mantienen bajo su custodia", lo que implica "una clara violación del principio de no devolución, que el Estado español está obligado a cumplir".
RESULTADOS "DRAMÁTICOS"
La portavoz de IU en el Parlamento Europeo ha explicado que entre 2007 y 2013 la Unión Europea ha gastado más de 289 millones de euros en la gestión de esta frontera y ha añadido que, a su juicio, los resultados son "dramáticos", ya que si bien "no existen datos oficiales sobre aquellos que han perdido su vida", el consorcio de periodistas The Migrants Files "calcula que más de 750 personas han muerto o desaparecido durante los últimos 15 años en esta frontera o cerca de ella".
"En Ceuta y Melilla se están violando los derechos humanos de manera sistemática como han denunciado en multitud de ocasiones diversas organizaciones sociales. Las devoluciones en caliente vulneran la legislación europea e internacional y la Comisión está actuando como cómplice del Gobierno de España al permitirlo. Es una vergüenza para toda Europa este agujero negro para los derechos humanos", ha manifestado la eurodiputada.
A su juicio, "esta violación persistente de los derechos fundamentales de migrantes y refugiados va contra la legislación internacional y contra los tratados de la Unión Europea", por lo que cree que la Comisión "debe asumir su responsabilidad y empezar una investigación para clarificar este evento y sentar así un precedente que evite que se mantenga la impunidad con la que las autoridades españolas ahora actúan".