El acuerdo tiene el objetivo de facilitar a los ciudadanos los servicios de información, asistencia y consulta en la presentación de la documentación necesaria para la gestión de los expedientes de nacionalidad por residencia.
Esta iniciativa se inscribe en el marco de una estrategia dirigida a canalizar, en la medida de los posible, las solicitudes de nacionalidad por residencia del nuevo procedimiento, a través de colectivos profesionales.
Además, establece la obligación de garantizar por parte del Consejo General de la Abogacía un control previo de las solicitudes, asegurándose de que sólo se incorporen al sistema aquellas que a priori cumplan las condiciones e incluyan toda la documentación exigible.
De este modo, se reducirá el tiempo de tramitación al limitar los casos en que sea necesario requerir al interesado para que aporte documentación adicional, y facilitará la calificación de los expedientes.
El Ministerio ya firmó el convenio con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España (14 de julio de 2016) y con el Consejo General de Procuradores de España (20 de septiembre de 2016). Igualmente, está en conversaciones para su posible extensión a otros colectivos, como el Consejo General de Economistas.
El acuerdo tiene naturaleza administrativa, por lo que está excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. El Ministerio de Justicia no regula los honorarios que los abogados perciban de quienes decidan recurrir a sus servicios, ya que queda fuera de su ámbito de competencia.