Por ello, la nueva normativa será aplicada poco a poco y en dos etapas. En primera instancia, los agentes pedirán a las prostitutas que desistan de ejercer la actividad. En una segunda fase, y en el supuesto de que éstas rehúsen a dejar de practicar su trabajo, o si el servicio se consuma, el agente interpondrá una denuncia que podrá derivar en una sanción. La de Lleida no es la primer ordenanza cívica de este tipo. Barcelona fue la primera en aprobarla, con multas de entre 750 y 3.000 euros.