Según han asegurado ambas entidades en un comunicado conjunto, en estos casos el control y la recuperación no se consigue con intervenciones urgentes, puntuales y aisladas, sino con procesos integrados, coordinados y multidisciplinares.
Los médicos de familia y los neuropsiquiatras han recordado que una situación administrativa irregular representa por sí misma "un factor de estrés de primer orden, lo que hace que este colectivo "ya, de entrada, corra mayor riesgo de sufrir trastornos de salud mental". Asimismo, en estas circunstancias se incrementan los problemas de cumplimiento de la medicación y se corre un mayor riesgo de comorbilidad (drogas o procesos infecciosos).
Además, como estas personas arrastran dificultades sociales y psicosociales, "la exclusión sanitaria les coloca claramente en una situación de riesgo de marginación social".
Todo ello hace necesaria una atención continuada por lo que, al quedarse fuera de la red sanitaria, estos pacientes también pierden las prestaciones y servicios de otras redes de atención al trastorno mental grave.
De igual modo, semFYC y la AEN-PSM han criticado que sean las ONG las que asuman el cuidado de estos pacientes, dado que "no las hay especializadas en esta tarea para los casos graves y las pocas que trabajan en salud arrastran una situación crítica resultado de la retirada de ayudas".
Ambas entidades han destacado que hay estudios suficientes realizados en España que avalan que los inmigrantes son menos frecuentadores que los autóctonos, mientras que en salud mental "el perfil del afectado responde al de un tipo de paciente que no sólo no reclama la atención sino que incluso la evita".