El documento, de 11 páginas y que se refiere a opiniones legales emitidas entre 2001 y 2003, revela que el anterior Gobierno denegó al Congreso "cualquier papel" para regular la detención, los interrogatorios, la acusación y transferencia de enemigos combatientes capturados en la guerra contra el terror tras el 11-S.
En el primer memorando, con fecha del 13 de marzo de 2002, la Oficina de la Asesoría Legal de la Casa Blanca se refirió al poder del presidente como comandante en jefe para transferir terroristas capturados a otros países y de otorgarles el control y la custodia.
Jay S. Bybee, entonces fiscal general adjunto de la Oficina Legal de la Casa Blanca, afirma que el poder de disponer de la libertad de individuos capturados y llevados bajo control de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante operaciones militares "sigue estando únicamente en las manos del presidente".
En otro memorando, que data del 8 de abril de 2002, la Oficina Legal señala que el Congreso no puede regular más la capacidad del presidente de convocar comisiones militares o capturar enemigos beligerantes que lo hace sobre su capacidad de dirigir movimientos de tropas en un campo de batalla, es decir su poder es nulo.
Con las mismas palabras se expresa la Oficina Legal acerca del poder del presidente de ordenar que el Ejército detenga a ciudadanos estadounidenses.
De un cuarto memorando, escrito el 1 de agosto de 2002, se desprende que la Casa Blanca entendió que el Congreso no tenía autoridad para regular las detenciones e interrogatorios a enemigos combatientes.
"Cualquier esfuerzo por parte del Congreso de regular los interrogatorios a combatientes violaría la autoridad consagrada en la Constitución que se le da al presidente como comandante en jefe", reza el documento. Esta opinión legal fue anulada más adelante.
En otro memorando del 14 de marzo de 2003 sobre las prácticas de interrogación del Ejército a combatientes enemigos detenidos fuera del suelo estadounidense, la Oficina Legal señala que el poder Legislativo no puede "interferir" en la gestión del presidente de los interrogatorios a enemigos combatientes.
También esta opinión legal fue retirada más adelante.
Sobre la autoridad del presidente de Estados Unidos de poder suspender ciertas provisiones de tratados internacionales, los asesores de Bush consideraban el 15 de noviembre de 2001 que es una decisión discrecional del mandatario y se puede ejecutar "siempre que (él) determine que está en el interés nacional".
En otro texto los asesores se refieren el 22 de enero de 2002 directamente a los miembros de Al Qaeda o los taliban detenidos, al asegurar que el presidente posee "criterio ilimitado" de anular tratados internacionales.
Otro memorando polémico es el que aborda la Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros (FISA, en inglés) y el objetivo de Bush de enmendarla para cambiar su propósito y los estándares para los registros.
El texto alega que si el interés del Gobierno de prevenir atentados contra estadounidenses en su suelo implica el derecho a la defensa propia y el hecho de que los tribunales reconocieron que el uso de la fuerza mortal es razonable bajo la Cuarta Enmienda si es usada en defensa propia o para proteger a otros, entonces se justifica también las búsquedas o registros "sin orden judicial".