El 75% de los municipios catalanes, en los que se concentra el 80% de la población, no dispone de planes de accesibilidad para discapacitados, situación que la Generalitat quiere combatir con una nueva ley que obligará a los ayuntamientos a elaborar normativas antes de tres años.
Según han explicado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Bienestar Social y Familia, la Generalitat pretende revertir esta situación con una nueva ley de accesibilidad, cuyo texto se está ultimando.
Aunque en el cómputo global del territorio catalán, tres de cada cuatro municipios no disponen de planes específicos, en la provincia de Barcelona el porcentaje con planes se eleva hasta el 50%, disponiendo la mitad de consistorios de planes específicos.
Además, el 30% de los ayuntamientos de Girona cuentan también con estos planes, cifra que cae al 15% en Tarragona, y al 11% en Lleida, provincia en la que solo el 59% de la población se beneficia de la accesibilidad.
En relación a los espacios públicos urbanizados, los datos de la provincia de Barcelona revelan que los municipios de más de 50.000 habitantes cuentan con un nivel general de accesibilidad variable, pero "aceptable", en el 80% de las vías públicas, registrando deficiencias significativas el 20% restante, según las mismas fuentes.
En cambio, en los municipios de menos de 50.000 habitantes, la cifra se revierte, y solo el 25% de las vías públicas cuentan con un nivel general de accesibilidad aceptable, habiendo importantes deficiencias en tres cuartas partes de ellas.
En relación al transporte público, las mismas fuentes han explicado que Barcelona cuenta con una accesibilidad de prácticamente el 100% en su flota de autobuses, del 80% en las estaciones de metro, y del 95% en las de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
PLAN DE ACCESIBILIDAD
El anteproyecto de la nueva ley de accesibilidad elaborado por el Govern, al que ha tenido acceso Europa Press, obliga a los ayuntamientos que no dispongan de normativa en este ámbito a elaborar un plan de accesibilidad antes de tres años, que deberá revisarse cada seis.
Estos planes deben contemplar las actuaciones necesarias para que todos los aspectos que sean competencia del consistorio --territorio, edificios, medios de transporte, productos, servicios, comunicación, etc.-- alcancen las condiciones de accesibilidad necesarias.
El anteproyecto da un plazo de 10 años a los municipios de más de 50.000 habitantes para ejecutar sus planes, 15 a los que tienen entre 20.000 y 50.000, y 20 en el caso de los pueblos de menos de 20.000 vecinos.
MULTAS DE HASTA 18.000 EUROS
El texto también contempla, entre otros aspectos, multas de hasta 18.000 euros por usar indebidamente una tarjeta de aparcamiento para discapacitados.
Además, recoge las nuevas sanciones a particulares y entidades, triplicándose en algunos casos los importes, como en el de hacer uso de alguna acreditación para discapacitados sin serlo.
El anteproyecto también aumenta el grado de gravedad del mal uso de las contenciones en ancianos por parte de los profesionales de las residencias, elevándolo a categoría de infracción muy grave.
Así, inmovilizar o restringir la capacidad física e intelectual de los usuarios --mediante medios mecánicos como correas o farmacológicos-- sin prescripción médica que indique la duración, las pautas y la revisión de la contención estará penado, del mismo modo que lo estará no hacerlo en caso de estar indicado, recoge el texto.