El ente regulador de las telecomunicaciones, Conatel, informó a la emisora, de línea editorial abiertamente opositora, de la apertura de otro proceso administrativo, el cuarto desde noviembre pasado, que concluiría en la pérdida de la frecuencia estatal que opera si la Justicia dictamina que ha cometido delitos penales.
Para ese efecto, la Fiscalía deberá presentar una acusación en contra de la cadena de noticias ante algún tribunal y este convalidarla en una sentencia en firme, y solo así Conatel podrá retomar el proceso abierto hoy y proceder a revocar el permiso a Globovisión para operar por frecuencia abierta de televisión.
El nuevo expediente de la Conatel se basa en el artículo 171 de la Ley de Telecomunicaciones.
Este dice que "sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar", la emisora "que utilice o permita el uso de los servicios de telecomunicaciones como medio para coadyuvar a la comisión de delitos será sancionada con la revocatoria" del permiso.
"Hay elementos suficientes que permiten presumir que Globovisión puede estar incursa en este artículo" que, por aludir a delitos compete a la Fiscalía, organismo "que ya está actuando", afirmó este martes la representante de la Conatel, Roselyn Daher.
Daher argumentó que la cadena ha difundido entre 2008 y lo que va de 2009 "distintos mensajes" en al menos seis programas de su programación que, a juicio de la Conatel, entrañarían delitos.
Uno de esos "mensajes" involucra al periodista Rafael Poleo, director del diario caraqueño opositor El Nuevo País.
En una entrevista en octubre pasado en el programa de opinión "Aló Ciudadano", que transmite en horario vespertino Globovisión, Poleo dijo que auguraba a Chávez la misma muerte del dictador italiano Benito Mussolini, que fue colgado.
Según la abogada de Globovisión, Ana Núñez, la Conatel "suspende" los otros tres procesos sancionatorios contra la cadena hasta tanto la Fiscalía determine si existe o no responsabilidad penal por este nuevo expediente.
Añadió que podrían transcurrir "varios años (hasta que se pueda) proceder a aplicar el artículo" 171 de la Ley de Telecomunicaciones, si se considera el presunto retardo que presenta la actuación de fiscales y jueces en el país.
El nuevo proceso contra Globovisión, acusada de "terrorismo mediático" por el Gobierno de Chávez, fue abierto días después de que Diosdado Cabello, titular del ministerio de Obras Públicas, al que está adscrito la Conatel, pidiera a la Fiscalía que investigase si Globovisión ha incurrido en delitos penales.
Cabello dijo el pasado 5 de junio que las sanciones administrativas "no han sido suficientes", y aseveró que el Estado actúa contra la emisora opositora porque la misma se ha convertido en un "problema de salud mental" para los venezolanos.
Por otra parte, hoy mismo la oficina tributaria Seniat "casi duplicó" el monto de 2,35 millones de dólares correspondiente a dos multas ratificadas contra Globovisión a inicios de mes por casos registrados en 2002 y 2003, según informó el director de la cadena privada de noticias, Alberto Federico Ravell.
Ese recálculo, que subió hasta unos 4,2 millones de dólares el total a pagar por la cadena de noticias, se debió a "ajustes en la unidad tributaria" con la que se calcula esas penalidades.
El total del monto original de las multas habría sido recolectado en la calle este fin de semana por partidos opositores a Chávez en una jornada que "le dio en la madre" al Gobierno, afirmó Ravell al informar del reajuste al alza de esas penalidades.
Dicho reajuste "ocurre justo en el instante en que Conatel se ha acercado al canal para notificarle que ha abierto un nuevo proceso por delitos penales", y "un día después de que" el Seniat "cerrara" el bufete jurídico Travieso & Nuñez, "que asiste legalmente a Globovisión", dijo este martes una locutora de la emisora.