Así se recoge en el informe del relator especial sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, que visitó Bolivia a finales de 2007 y comprobó que subsisten comunidades sujetas a servidumbre en Santa Cruz (este), en el norte amazónico y en la provincia de El Chaco.
Según el documento, estas relaciones se mantienen en algunas pequeñas y medianas propiedades con bajos niveles de tecnología y productividad, en las que "comunidades enteras permanecen bajo un régimen servil" en haciendas agrícolas y ganaderas a cambio de "salarios ínfimos".
La Oficina Internacional del Trabajo estima que existen entre 5.100 y 7.200 guaranís en esta situación, apunta el texto.
El informe indica que gracias a la iniciativa de diversas organizaciones no gubernamentales y de la Iglesia católica, la situación de familias guaranís ha sido denunciada desde la década de los 90 y se han puesto en marcha proyectos de liberación a través de la compra de tierras.
Asimismo, "apoya firmemente" los esfuerzos del Gobierno del presidente Evo Morales, de origen aimara, desde su llegada al poder en 2006 para poner fin a esta práctica.
No obstante, el documento reconoce que persiste el racismo hacia los indígenas y lo relaciona con los intentos del Ejecutivo de revertir esta situación de exclusión, que "han generado oposición en algunos sectores políticos, sociales y económicos, especialmente en el Oriente".
Para Stavenhagen, esta confrontación ha desatado un "muy preocupante rebrote del fenómeno del racismo, incluyendo ataques físicos y verbales contra dirigentes indígenas y defensores de derechos humanos".
Por ello, en el capítulo de recomendaciones, insta a incluir leyes que penalicen específicamente estas expresiones.
En este sentido, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, agradeció el trabajo de las Naciones Unidas y se mostró dispuesto a incluir en los programas de su departamento medidas que penalicen las expresiones de racismo hacia "la población que ha sido históricamente discriminada".
El relator especial también recomienda al Gobierno reforzar la acción intersectorial de atención al pueblo indígena "yuqui" en Cochabamba, al que define como un pueblo de "especial vulnerabilidad".