La excarcelación se produce tres días después de que un juzgado de instrucción de Santander ordenase su puesta en libertad por considerar que habían prescrito los delitos de falsedad y apropiación indebida que se le imputaron en 1991. Ese año fue acusado de causar un 'agujero' de 36 millones de euros en una sucursal del Banco Popular en la capital cántabra que él mismo dirigía.
A juicio del juzgado, la prescripción para este tipo de delitos es de diez años, por lo que no procedía que el Gobierno solicitase su extradición a México y Pérez Díaz debía ser puesto de inmediato en libertad.