El proceso de revisión de la Renta Mínima de Inserción (RMI), que se hizo del 1 de agosto al 14 de diciembre de 2011, concluyó con la suspensión de pago de 7.127 expedientes de los 20.969 analizados, uno de cada tres, según un informe del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, al que ha tenido acceso Europa Press.
El defensor del pueblo catalán ha recibido más de 1.300 quejas sobre este ámbito, especialmente de personas en riesgo de exclusión social a las que se les suspendió como medida cautelar la RMI, popularmente conocida como Pirmi, y aún no han vuelto a cobrar pese a que la Consejería de Empresa y Empleo de la Generalitat haya reconocido que finalmente deben ser beneficiaros de esta renta, de unos 400 euros mensuales.
En una entrevista de Europa Press, Ribó ha dicho que "el Pirmi no es un ejemplo de recorte, sino un caso evidente de mala gestión", y el 8 de junio trasladó al conseller de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, una carta con las conclusiones del informe de su actuación de oficio, aunque aún no ha habido respuesta.
En la misiva, insta a Mena a retomar el pago "inmediato" de la prestación a los beneficiarios en que se compruebe que cumplen los requisitos establecidos, y a abonar los retrasos generados, entre otras peticiones.
Según datos aportados por la Consejería a Ribó, para seleccionar los expedientes a revisar --que fueron el 66% de los vigentes a 31 de julio de 2011-- se tuvo en cuenta un criterio de antigüedad, de manera que se investigaron los casos que habían empezado a percibir la prestación antes de enero de 2011 y en los cuales el principal problema era de tipo social.
El Síndic concluye que "se han dado situaciones en que la práctica administrativa no ha sido correcta y ha comportado una lesión de derechos de los beneficiarios", siendo el principal motivo para suspender los 7.127 expedientes el de la salida de Cataluña de los beneficiaros, incluso aquellos que lo habían hecho antes de la entrada en vigor del nuevo decreto, en agosto de 2011.
Al detectar un desplazamiento del beneficiario fuera del territorio catalán, el Govern suspendió cautelarmente el pago de la ayuda para restaurarla después en caso de demostrarse que el motivo estaba justificado, aunque muchas de las personas a las que se les ha reconocido un error en la suspensión aún no han vuelto a cobrar.
Destaca "el desconocimiento de personas interesadas y las dificultades con las que se han encontrado para recibir información", ya que la mayoría de las suspensiones se han producido antes de que los afectados recibieran la resolución que así lo establecía.
NECESIDADES BÁSICAS
"Durante meses las personas se han encontrado que no recibían la prestación pero desconocían los motivos, y por tanto no podrían plantear una reclamación", añade el informe, subrayando que los beneficiarios no han podido afrontar necesidades básicas.
Además, lamenta que la participación de los servicios sociales en este proceso haya sido "insuficiente", recordando que hubiera sido conveniente contrastar con los profesionales del sector las circunstancias concretas de cada caso para evitar lesiones de derechos de personas con especial vulnerabilidad.
"Pese a que los profesionales de los servicios sociales comunicaron posibles situaciones de pobreza extrema, no se han atendido de manera rápida, y meses después aún no se había retomado el pago", revela el informe, que también recuerda que en algunos casos esta revisión ha agravado los procesos de exclusión social.