"Parece un talante más propio de otras épocas, y choca con el principio de independencia que debe guiar las actuaciones de las asociaciones de consumidores y usuarios", ha resaltado la socialista después de reunirse en la Cámara baja con la portavoz del PSOE en el Congreso de Consumo, Pilar Grande y con la eurodiputada y miembro de la Comisión de Mercado Interior y Consumo en el Parlamento Europeo, María Irigoyen, así como con la directiva de FACUA.
Según explican los socialistas, el objetivo de esta reunión era conocer las actuaciones de esta organización, ante el requerimiento efectuado por el Gobierno, en el que amenaza con ilegalizarla si mantiene su actividad crítica con los recortes planteados por el ejecutivo.
Precisamente, tras hacerse pública la carta que la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, envió a FACUA el pasado 30 de julio, el PSOE presentó una solicitud de comparecencia de la ministra Ana Mato, que fue rechazada en la última Diputación Permanente la pasada semana.
Igualmente, la eurodiputada María Irigoyen solicitó al comisario europeo, Michel Barnier, que velase por los derechos de los consumidores en España, ante las "graves amenazas" del Ministerio de Sanidad.
Así las cosas, Jiménez ha manifestado a los dirigentes de FACUA que desde el PSOE se va a seguir denunciando la deriva autoritaria del PP y el intento del Gobierno de deslegitimar a todos aquellos que no estén de acuerdo con sus políticas. Para ello, ha dicho que el PSOE planteará distintas iniciativas parlamentarias, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Europeo.
Por su parte, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha señalado a Europa Press que esta reunión con el PSOE forma parte de una ronda de contactos que está manteniendo ante la "agresión del Gobierno" a esta organización. "Hemos visto como los grupos de la oposición también están en contra de que se ilegalice a Facua", ha agregado.
Igualmente, ha recordado que Compromis ha pedido en las Cortes valencianas que se apruebe una iniciativa para que la Cámara baja valenciana se posicione en contra de esta posible ilegalización.