Según afirma, "se hace necesario" volver a contar con un nuevo Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, finalizado en 2014 y no renovado, "que preveía la implantación de medidas de integración y cohesión social".
"La población inmigrante y en especial la más vulnerable como es la que se encuentra en situación irregular, vive un una situación de recortes de derechos y criminalización que hay que revertir", dice la Red Acoge.
En este sentido, denuncia que a las personas en situación irregular "el Estado les niega la asistencia sanitaria e incluso pueden ser privadas de libertad en los centros de internamiento hasta 60 días, en lugar de recurrir a medidas alternativas previstas en la legislación, que no lesionan sus derechos fundamentales".
"Red Acoge cree firmemente en que debemos avanzar hacia un nuevo modelo social que defienda el desarrollo de un modelo de ciudadanía inclusiva y responsable, basada en la interculturalidad y la justicia social", afirman las entidades.
Por otra parte, denuncia cómo el derecho a la movilidad "es vulnerado a miles de personas que huyen de las guerras, hambrunas y persecución, cuando deberían estar siendo protegidas por los estados" y lamenta que los responsables políticos "no sean capaces de gestionar esta realidad" ya sea a nivel mundial como europeo y español.
"No se puede seguir admitiendo la vulneración de DDHH que sucede en la frontera sur, concretamente con las devoluciones en caliente que impiden proteger a las personas más vulnerables, como menores y víctimas de trata, y que supone legitimar una práctica que sigue siendo ilegal", afirma la entidad en este sentido.