En una nota, Fenacore se ha mostrado convencida de que esa decisión "evidencia que cualquier pretensión de territorializar la gestión de los recursos hídricos siempre será invalidada, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución que reconoce la única y exclusiva competencia de la Administración central en esta materia".
En este sentido, dicha federación, creada en 1955, ha valorado el "ejercicio de responsabilidad" que, desde su punto de vista, ha desarrollado el Gobierno "en defensa de los intereses generales, en lugar de ceder a intereses localistas y políticos que sólo terminarían por generar conflictos territoriales por el agua".
Además, según Fenacore, esta decisión supone también "un ejercicio de contención presupuestaria y austeridad en un momento en el que el sector público no puede permitirse la duplicidad de administraciones hidráulicas y, sobre todo, de las estructuras humanas y técnicas que supone tener una confederación hidrográfica dependiente del Estado y otra adicional dependiente del Gobierno autonómico andaluz, como era el caso".
Del mismo modo, Fenacore ha solicitado la anulación del "Real Decreto Ley por el que se modifica el texto refundido del artículo 94 de la Ley de Aguas cediendo las competencias sobre el dominio público hidráulico a las autonomías", un paso que considera "imprescindible" para que el reconocimiento de competencias sea "plenamente efectivo y se cumplan todos los requisitos de legalidad".
Por su parte, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, ha manifestado que con esa decisión espera que se produzca la vuelta "a una cierta cordura hidrológica donde sólo las confederaciones hidrográficas sean las que tengan un papel protagonista".