El pasado 13 de enero, el departamento que dirige Ana Mato hizo pública la decisión de no implantar estos copagos debido a la mejora de las perspectivas económicas en España. Además, recordó que los servicios de salud de las comunidades autónomas acordaron en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) "dar por finalizado" el desarrollo normativo de la Cartera de Servicios Ortoprotésica, la cual estaría sujeta a la aportación de los usuarios en función de su renta familiar.
"Para los rehabilitadores españoles el copago que se pretendía introducir colisionaba con los derechos de los pacientes y, en especial, de los discapacitados que creemos que deben recibir una adecuada atención que facilite y mejore, en todo caso, su nivel de autonomía personal", ha indicado la presidenta de la SERMEF, Roser Garreta.
Finalmente, a su juicio, la aplicación de esta medida podría conllevar un "agravamiento" en los problemas de salud de los enfermos discapacitados, ya que, según ha advertido, podrían verse obligados a escoger entre costear una prótesis, una silla de ruedas o satisfacer "otras necesidades básicas diarias".