En la práctica, con este convenio bilateral, inspirado en el protocolo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en 2017 reducirá significativamente el número de paraísos fiscales a nivel internacional, supone mayor cooperación administrativa y plena transparencia en materia fiscal.
Asimismo, evitará que la Justicia italiana tenga que valerse de rogatorias para obtener información relativa a depósitos y captaciones económicas en cuentas vinculadas a la Santa Sede, al tiempo que permitirá tener bajo control no solamente las cuentas corrientes a nivel individual, sino también los movimientos y transferencias de capitales hacia terceros países.
Para Italia, se trata del cuarto acuerdo de este tipo, después de los firmados recientemente con Suiza, Liechtenstein y Montecarlo.