Camarero, ha intervenido en una sesión sobre la inmigración ilegal y la trata de seres humanos organizada por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) y el Fondo de Población de Naciones Unidas, donde ha asegurado que nuestro país trata la violencia de género como "una auténtica cuestión de Estado", calificando además la trata de mujeres como "la esclavitud del siglo XXI" y uno de los mayores negocios ilícitos.
La secretaria de Estado ha afirmado que "la trata es un delito que no es neutral en cuanto al género porque es una de las formas más crueles de violencia contra las mujeres", precisando que "la mayoría de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres". Por ello ha hecho un llamamiento a todos los Gobiernos para frenar este tráfico, proteger a las víctimas y perseguir a los delincuentes.
Camarero ha recordado que España ha incorporado la trata como una forma más de violencia de género, que en sus palabras es "una verdadera cuestión de Estado" y requiere "una respuesta institucional integral y coordinada", ha subrayado.
Del mismo modo, ha recordado la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en 2013, la introducción de la libertad vigilada en los delitos de trata en el nuevo Código Penal, el Estatuto de la Víctima, la nueva Ley de Infancia o la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que garantiza la orientación y la asistencia jurídica gratuita a las víctimas con independencia de sus recursos.
PLANES CON PROFESIONALES
Del mismo modo se ha referido al 2º Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual, vigente hasta 2018 "que nace de la experiencia y aportaciones de los profesionales implicados, de las organizaciones y entidades que cada día trabajan con las víctimas de trata", ha dicho Camarero en la ONU.
La secretaria de Estado ha explicado que este Plan también abarca la acción de todo el Gobierno con la coordinación entre administraciones para dar una respuesta eficaz a las víctimas desde tres frentes: prevención, protección y persecución del delito, así como procesamiento judicial de los responsables, investigación e incautación de los bienes patrimoniales y financieros de los tratantes.