Según ha informado la Capitanía Marítima de Huelva en una nota de prensa, la inspección y posterior detención por parte de la Capitanía Marítima se originó a raíz de la denuncia de los miembros de la tripulación de la situación de abandono por parte de la compañía naviera, por incumplimiento de pago de salarios desde hacía tres meses, carencia de víveres y agua dulce potable a bordo y, en general, "deficientes condiciones de vida a bordo".
El buque, que lleva sin atracar en un puerto aproximadamente dos meses, ha sido asistido desde el primer momento por la Capitanía Marítima, en colaboración con la Autoridad Portuaria onubense.
Así, han indicado que, desde el inicio, se le ha provisto periódicamente de víveres y agua potable facilitados por Cruz Roja, Banco de Alimentos en Huelva, Cáritas y Cofradía de Pescadores de Punta Umbría, con el apoyo logístico de Salvamento Marítimo y de la empresa de servicios portuarios Feramar Remolcadores, S.L., quien se encarga del traslado periódico de las provisiones al buque fondeado, así como de realizar un suministro de cien toneladas de agua dulce para garantizar los servicios sanitarios a bordo.
Del mismo modo, la Autoridad Portuaria de Huelva ha gestionado el suministro de combustible al buque, por razones de seguridad marítima, para mantener la propulsión y servicios auxiliares operativos, dado que las reservas de combustible estaban en niveles críticos.
El pasado viernes 26 de febrero, el buque recibió la visita de un inspector nombrado por el Estado de bandera, quien estuvo acompañado por personal de la Capitanía Marítima, con el fin de evaluar la situación e informar al respecto.
La autoridad marítima de Panamá ha estado siendo informada
"puntualmente" por la Capitanía Marítima desde la detención del buque y, una vez comprobada por su inspector la situación crítica en que se encuentran el buque y su tripulación, está realizando gestiones con la compañía naviera para intentar encontrar una solución.
De no ser fructíferas dichas gestiones en curso, se procederá a declarar el abandono del buque y su tripulación, iniciándose los trámites para la repatriación inmediata de los tripulantes, cuyo coste debe ser asumido por el Estado de bandera, de acuerdo con las disposiciones del Convenio sobre el Trabajo Marítimo.
De igual manera, un representante en España de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte marítimo (ITF) se ha desplazado a Huelva esta pasada semana para asistir a los tripulantes en las gestiones de repatriación y reclamación de sus derechos laborales.
Por acuerdo de la Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria, está previsto para este próximo miércoles que el buque acceda a las aguas interiores portuarias asistido por remolcadores y quede amarrado en el campo de boyas sur situado en la margen derecha de la ría, con objeto de garantizar la seguridad del buque y de su tripulación y, una vez sea autorizada su repatriación, permitir el desembarque de los marinos a bordo.
Por otra parte, conforme a lo establecido en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, teniendo en cuenta la situación de inactividad del buque y el impago de las tasas y tarifas portuarias devengadas, una vez se cumpla el plazo de tres meses establecido legalmente con el buque en esta situación, la Autoridad Portuaria onubense tramitará el correspondiente procedimiento para la declaración de abandono del buque por parte del Consejo de Administración, concluido el cual, la propiedad del buque pasará al Estado, quien podrá disponer del mismo para su subasta pública.