Según ha explicado este jueves a Europa Press la adjunta al Síndic para la defensa de los derechos de niños y adolescentes, Maria Jesús Larios, cuando un menor es desamparado y la Generalitat asume su tutela, "es la Administración quien debe garantizar sus derechos y hacerse cargo de su protección", algo que podría verse vulnerado con los impagos.
En una resolución enviada al Gobierno de la Generalitat tras estudiar con urgencia la situación derivada de los impagos a las entidades sociales, el Síndic ha pedido priorizar la protección de los menores desamparados por encima de cualquier otro colectivo, aunque también ha urgido al pago al resto de entidades sociales, como las que atienden a discapacitados y ancianos.
La Generalitat abona mensualmente la manutención de los menores a los centros en los que delega su cuidado, con un coste medio de 2.800 euros por niño, cifra que este mes no ha aportado por tensiones de tesorería, "lo que compromete su manutención, los gastos corrientes de los centros y el sueldo de los educadores", ha recordado Larios.
El Síndic recibió a principios de esta semana una petición de investigación por parte de la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Fedaia), por lo que inició una actuación de oficio en este sentido.
"Es comprensible la complicada situación de tesorería de la Generalitat, pero la protección de los niños que tiene a su cago debe ser una prioridad", ha añadido Larios, que ha estimado el impago entre seis y nueve millones de euros.