El tribunal, integrado por los magistrados Joaquín Delgado, Carlos Granados, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano y Francisco Monterde, celebrará una vista pública para estudiar los recursos del PP, la Fiscalía y Aida Álvarez contra la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en julio de 2007.
La Audiencia madrileña absolvió a todos los acusados de los delitos que les imputaba el Ministerio Fiscal y la acusación popular que ejercía el PP por la supuesta venta fraudulenta de unas parcelas de SEAT.
Además de Álvarez, ex coordinadora de finanzas del PSOE, y Mangana, ex miembro del Comité Electoral de dicha formación, estaban acusados el ex director general de SEAT Juan Antonio Díaz Álvarez, el técnico municipal Arturo García Barbiera, el arquitecto jefe del Departamento de Obras de la Junta Municipal de Chamartín (Madrid) Ignacio Aguirre de Palacio, y la ex esposa del que fuera embajador de Alemania Guido Brunner, Elena Abreu.
El tribunal absolvió a Juan Antonio Díaz Álvarez y a Ignacio Javier Aguirre Palacio, por no haberse formulado pretensión de condena contra ellos por parte de las acusaciones.
También absolvió de cohecho a Arturo García Barberia, Aida Álvarez y Juan Carlos Mangana, al haber prescrito ya sus supuestas responsabilidades, pues desde que se produjeron los hechos en el año 1988 hasta que fueron denunciados en el año 1993 transcurrieron más de tres años, que es el plazo de prescripción establecido para delitos menos graves.
No obstante, reconoce que Aida Álvarez y Juan Carlos Mangana favorecieron el delito de cohecho cometido por Barbeira, ya que mediaron por cuenta de los directivos de SEAT ante el técnico responsable de informar las licencias de obra, además de instrumentar a través de ellos el pago de la remuneración, prestando cuentas invisibles para realizar los trasvases monetarios.
Igualmente, absolvió a Álvarez, Mangana y Barbeira de los delitos de falsedad documental y maquinaciones para alterar el precio de las cosas, que les imputó el PP, al considerar que no han existido en este caso.
Arturo García Barbeira también fue absuelto de los cargos referidos a los delitos de prevaricación y fraude que le imputaba el PP.
Por último, absolvió a la acusada Elena Abreu Apellániz, a quien se acusaba de partícipe a título lucrativo.
El origen de este caso se remonta al año 1993, cuando se descubrió el pago de un talón de 901.518 euros y de otros 150.253 euros en metálico por parte de SEAT para conseguir la recalificación de los terrenos de esta compañía en el Paseo de la Castellana de Madrid.