El caso se refiere al de los estudiantes Noémie Depesme, Adrien Kaufmann y Maxime Lefort que viven en familias reconstituidas y reclamaron becas de estudios en Luxemburgo en 2013, que fueron denegadas por las autoridades luxemburguesas, alegando que no eran hijos sino hijastros de trabajadores transfronterizos y, por tanto, no tenían derecho a las ayudas, algo que contestaron.
El derecho luxemburgués sí preveía que los hijos de los trabajadores transfronterizos empleados en Luxemburgo o que ejercieran su actividad laboral allí pudieran solicitar ayudas económicas para estudios superiores si el trabajador transfronterizo hubiera trabajado de forma ininterrumpida durante cinco años en el país.
El Tribunal europeo recuerda que la normativa europea garantiza las mismas ventas sociales y fiscales para los trabajadores de otros países de la UE que en el caso de los nacionales y que la normativa europea define a los hijos como descendientes directos menores de 21 años o a cargo y descendientes directos del cónyuge o de la pareja.
Por ello, concluye que hijos del cónyuge o de la pareja reconocida de un trabajador transfronterizo que contribuye a su manutención pueden ser considerados hijos del mismo y beneficiarse de ayudas sociales como becas de estudios.