El trabajo, que analiza los CIE desde la perspectiva del marco jurídico que debería regir en ellos, concluye que pese a tratarse de centros no penitenciarios, en la práctica "son como las cárceles", pero que "éstas cuentan con más garantías o al menos, con una normativa más profusa y detallada", en palabras de la coordinadora del proyecto y abogada de Garrigues, Amalia Hernández.
Así, aunque los internos pendientes de expulsión que están en los CIE, en muchos casos por mera estancia irregular, sólo deberían tener restringida su libertad deambulatoria, en la práctica se "vulneran no pocas garantías y derechos fundamentales" como a la integridad, a la defensa o a la salud.
Sobre este asunto, destaca que en ninguno de los centros y pese tanto a la normativa como a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, se presta asistencia sanitaria permanente y la que se ofrece, tiene severas deficiencias y "resulta inferior a la que en condiciones normales, se recibiría en cualquier centro de salud o establecimiento sanitario.
"No existen, adicionalmente, mecanismos que permitan detectar la existencia de enfermedades contagiosas ni, en su caso, detectadas las mismas, protocolos de actuación que no sean el aislamiento de los internos en condiciones tales que supongan un atentado para su integridad y salud física", dice el informe.
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