Según ha explicado en un comunicado, entiende que las administraciones públicas han mostrado una "absoluta pasividad" contra el juego ilegal que, "cada vez más, irrumpe en las calles, abusa de la imagen de la discapacidad, engaña a la ciudadanía con productos sin ningún tipo de seguridad, y pone en riesgo la labor social de la ONCE".
Según sus estimaciones, esta actividad también pone en peligro "el puesto de trabajo de cada uno de los más de 20.000 vendedores" de la organización, todos ellos personas con discapacidad, además de "engañar a casi 100.000 consumidores cada día".
"UTO-UGT considera muy escasas y poco rotundas las actuaciones contra esta actividad ilegal, como la imposición de una sanción de 25 millones de euros a la OID acometida por el Ministerio de Hacienda, puesto que no ha supuesto ningún avance significativo", ha añadido.
Por ello, ha reiterado la necesidad de cumplir la Ley de Regulación del Juego. En este sentido, ha recordado que en la Comunidad Autónoma de Madrid, a finales de 2014 había un total de cuatro asociaciones vendiendo juego ilegal en las calles con 68 colaboradores, "todos ellos sin alta en la Seguridad Social ni derechos laborales, con unas ventas totales estimadas en ese año de 707.200 euros".