Francia deporta a gitanos rumanos y búlgaros

Escoltados por la policía y cargados de maletas y paquetes, unos 60 gitanos embarcaron en un vuelo de la compañía rumana Blue Air que a primera hora de la tarde salió de Lyón, y otro grupo menos numeroso lo hizo desde el parisino aeropuerto Charles de Gaulle. Aunque en París se habían cifrado en 79 las expulsiones fijadas para este jueves, el Ministerio del Interior rumano informó de que iban a ser un centenar.

En cualquier caso, son solo los primeros vuelos que transportarán a los alrededor de 700 gitanos que Francia espera devolver a Rumanía y Bulgaria en los próximos días. Los deportados viajan en vuelos regulares porque, según sostiene el Gobierno francés, no se trata de expulsiones, sino de repatriaciones "voluntarias".

El viernes está prevista una segunda tanda de salidas, y la tercera y última tendrá lugar el próximo jueves, 26 de agosto.

La postura gala

El Gobierno francés inició las desmantelaciones de los asentamientos tras los incidentes violentos que acontecieron en la localidad de Saint Aignan, después de que un policía matase a un joven gitano durante una persecución. El trágico episodio dio lugar a disturbios callejeros en la localidad, incluido el ataque de medio centenar de personas al cuartel de la Gendarmería.

Ante las críticas surgidas ante esta política, el ministro de Inmigración ha sentenciado que "Francia no la tiene tomada con los gitanos".

En una entrevista a la emisora de radio RTL, Eric Besson ha aclarado que el Gobierno francés no ha puesto en marcha un proceso de expulsión colectivo y que las expulsiones se están llevando a cabo a título individual, en función de la situación de cada individuo.

"No son expulsiones colectivas, son una suma de expulsiones individuales que dependen de la situación individual de las personas, aunque éstas sean expulsadas colectivamente a través de vuelos comerciales". Asimismo, ha asegurado que "no hay vuelos especiales" para expulsar a los gitanos.

Las autoridades francesas se escudan en el hecho de que los gitanos deportados, pese a ser ciudadanos europeos, se instalaron en territorio francés de forma irregular. Insisten, además, en que se van sin ser forzados, acogiéndose al llamado programa de ayudas al retorno, es decir, con un billete de avión y 300 euros por adulto y 100 euros por menor.

Críticas de la UE y el Vaticano

La operación ha recibido críticas de diversos flancos, incluido el Vaticano. El secretario del Consejo Pontificio para los Migrantes e Itinerantes, monseñor Agostino Marchetto, ha criticado la decisión del Ejecutivo francés. "No se pueden tomar decisiones contra enteras comunidades sin la aplicación a cada individuo en particular en función del orden público", ha opinado el prelado, que considera que la medida vulnera la legislación europea y la francesa.

"Los echamos y cerramos los ojos". Esto "no arregla ningún problema", ha denunciado el presidente del grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo (PE), Daniel Cohn-Bendit, quien ha instado a reflexionar sobre las condiciones de vida de los gitanos en sus países de origen.

La mayoría de los gitanos proceden de Rumanía y Bulgaria, países miembros de la Unión Europea y del espacio Schengen, por lo tanto podrán regresar a Francia, pero no podrán establecerse en situación irregular ni volver a recibir ayuda en caso de los retornos voluntarios, ha dicho Besson.