La Audiencia Nacional rechaza el recurso del PP sobre la orden ministerial por el fin de curso escolar
"No se aprecian circunstancias de especial urgencia", ha concluido la AN
El PP asegura que el Gobierno se "lava las manos" con la educación
La sección 6 de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular en su recurso contra la Orden Ministerial de la ministra de Educación, Isabel Celaá, en la que se establece el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del siguiente debido a la situación del covid-19.
"No se aprecian circunstancias de especial urgencia para la tramitación de la medida cautelar interesada por el Partido Popular en relación con la impugnación de la Orden Ministerial dictada por la Excma. Sra. Ministra de Educación y Formación", ha expuesto la Audiencia.
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"Se ordena su tramitación como pieza cautelar ordinaria dando traslado al Abogado del Estado para que realice alegaciones en el plazo de diez días teniendo en cuenta la interpretación recogida en el fundamento de derecho segundo de esta resolución judicial", concluye.
El PP recurría ante la Audiencia Nacional por crear "agravios" entre CCAA
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunciaba un recurso de su formación a la orden del Ministerio de Educación y Formación Profesional que regula el fin del curso escolar y el inicio del siguiente al considerar que crea un "agravio" entre comunidades cuando todos los alumnos deben tener el mismo tratamiento vivan donde vivan. A su entender, el Gobierno de Pedro Sánchez se "lava las manos" con la educación en medio de la crisis del coronavirus.
"Todos los alumnos, vivan donde vivan, deben de tener las mismas oportunidades y tratamiento", subrayaba García Egea en una rueda de prensa en la sede del PP.
García Egea señalaba que su partido presentó este recurso ante la Audiencia Nacional contra esa orden ministerial publicada el pasado 24 de abril por "conculcar la Ley Orgánica de Educación al establecer la promoción como norma general", "vaciar de contenido a través de un reglamento un precepto legal que desarrolla un derecho fundamental" y por "violar el artículo 6 de la Ley Orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio".
"Sabemos que este Gobierno tiene un problema con el cumplimiento de las normas, no solo el Gobierno en su conjunto sino también los ministros de forma individual",aseguraba, para añadir que el PP debe estar "preparado" para que la ley se cumpla y "controlar" que así se haga.
La polémica orden
Esta orden del ministerio que dirige Isabel Celaá recoge el acuerdo alcanzado por la mayoría de las comunidades autónomas, incluida Galicia, gobernada por el Partido Popular, en una reunión de la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 15 de abril con criterios para la evaluación de este curso, que millones de estudiantes siguen a distancia desde el pasado 16 de marzo por el cierre de centros educativos decretado para mitigar la pandemia del coronavirus.
Cinco comunidades autónomas se descolgaron de este acuerdo, las cuatro donde el PP gobierna en coalición con Ciudadanos (Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia) y Euskadi. El gobierno vasco argumentó que la orden invadía sus competencias mientras las cuatro comunidades de PP y CS reclamaron a Celaá que fijase un criterio común en toda España para la promoción y titulación este curso.
La orden establece que la repetición de curso debe ser "muy excepcional" para evitar que la pandemia del coronavirus pueda "perjudicar" al alumnado afectado por el cambio a la enseñanza a distancia, y permite a las comunidades autónomas competentes "flexibilizar" los criterios de evaluación, promoción y titulación "sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes".
"Los estudiantes promocionarán de curso y la repetición se considerará una medida de carácter excepcional, que se adoptará en todo caso de manera colegiada por el equipo docente en función de la evolución académica del estudiante durante el periodo previo a la suspensión de la actividad lectiva presencial", señala la orden que establece las directrices para el tercer trimestre del curso actual.
García Egea afirmaba que en materia educativa el Ejecutivo "se ha lavado las manos y se ha echado a un lado", dado que no puede haber "diferencias" entre las distintas comunidades autónomas y crear "agravios".
"Si tiene mando único y estamos todos saliendo del desconfinamiento, no puede ser que el Gobierno se lave las manos sobre la manera de concluir el curso escolar, creando un enorme agravio entre los alumnos de las distintas comunidades autónomas", ha abundado.
En este sentido, señalaba que el PP no puede permitir ese "agravio" y todos los alumnos vivan donde vivan deben tener el mismo tratamiento. A su entender, la decisión del Gobierno es una "falta de respeto gravísima" a la función de los colegios, al trabajo de los docentes y al esfuerzo de los alumnos.