El dueño de la finca donde está el pozo en el que cayó Julen declara este viernes como imputado

El cuerpo de Julen fue encontrado a las 01.25 horas de la madrugada del sábado 26 de enero por los equipos de rescate que lo buscaban en el pozo de tan sólo 25 centímetros de diámetro y algo más de 70 metros de profundidad desde el 13 de dicho mes.

El dueño de la finca, David Serrano, declaró inicialmente como testigo ante la Guardia Civil y hace unas semanas ofreció una rueda de prensa en la que dijo que el día del accidente protegió con dos bloques de hormigón el agujero que hizo el responsable de una empresa especializada y que, según él, lo había dejado "abierto".

Además, señaló que ese día advirtió del peligro de que alguien pudiera meter un pie, pero que "jamás" pensó que un niño pudiera caber por ese agujero. "Eso yo nunca me lo voy a perdonar, el que no haya visto ese peligro allí", aseguró insistiendo en: "Jamás en mi vida pensé que por ahí cabía un niño".

Esta citación se produce después de que la Fiscalía lo solicitara, al igual que también pidió que declararan, pero en calidad de testigos, una docena de personas, entre ellas varios guardias civiles, los padres del pequeño, la persona que realizó el pozo y la que hizo una zanja en la zona, que comparecerán en los próximos días.

El fiscal solicitó estas declaraciones después de que la Guardia Civil le remitiera otros informes, ampliatorios del primero, tras lo que la Fiscalía consideró que ya se pueden hacer varias hipótesis de los momentos previos a la caída de Julen y por tanto era el momento de depurar las responsabilidades penales si las hubiera.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga abrió unas diligencias primero por la desaparición del niño, en el que se han ido incorporando informes con el fin conocer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades penales.

El primero de los informes incorporado al procedimiento, el 17 de enero, días antes de que fuera localizado el niño, fue del Seprona de la Guardia Civil en el que se detallaban las gestiones realizadas hasta ese momento, incluyendo estudios urbanísticos de la zona.

En dicho informe se indicaban las posibles infracciones en cuanto al pozo, como que las obras no contaban con autorización alguna, las "nulas" medidas de seguridad y los movimientos de tierra en la zona realizados con posterioridad al pozo; así como las declaraciones testificales del que hizo la prospección y del dueño de la finca, en las que aparecerían "contradicciones".