El nuevo consejero de Sanidad de Andalucía se enfrenta a las denuncias por los fallos en los cribados de cáncer de mama

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha nombrado a Antonio Sanz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, tras la dimisión de Rocío Hernández la pasada semana como consejera de Salud y Consumo por la crisis del cribado de cáncer de mama. Una crisis que ya ha llegado a los tribunales con otra denuncia contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la familia de un hombre de Garrucha, Almería que murió por esta patología cáncer y a la que no se le hizo un seguimiento. Informan Silvia Asiain, José Palacios y Rocío Martínez.

En estos momentos, Sanz era consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y, desde el pasado miércoles 8 de octubre asumió las competencias de la Consejería de Salud y Consumo tras la dimisión unas horas antes de Rocío Hernández.

Finalmente, el presidente ha decidido dejar en manos de Sanz las competencias de sanidad en unos momentos complicados en este ámbito como consecuencia del problema con los cribados del cáncer de mama.

Por otra parte, el sindicato nacional de técnicos sanitarios ha presentado una queja formal ante el presidente de la Junta. No solo por la falta de personal, también por implantar un sistema digital sin soporte técnico que, sumada la falta de radiólogos, ha provocado el colapso. La nube se llena de imágenes, pero no se llena de informe, porque no hay personas suficientes para informarlo.

Primera denuncia contra el SAS

El abogado penalista José Antonio Sires, del bufete SIRES Abogados, ha presentado la denuncia en los juzgados de Sevilla en nombre de esta familia almeriense y ha explicado a los periodistas que en este caso “hay varias cosas alarmantes”, entre ellas la falta de revisiones reclamadas por la familia “a pesar de tener antecedentes oncológicos”.

Además, considera muy grave que "un estudio para determinar la metástasis que estaba sufriendo se perdiera", de forma que se hizo un segundo estudio en 2024 “cuando la enfermedad ya era irreversible”.

Para Sires, en estos hechos tiene encaje legal un posible delito de homicidio imprudente por omisión tipificado en el artículo 142 del Código Penal, “dado que la muerte deriva de la omisión de un deber y existe causalidad entre la omisión y el fallecimiento”, hechos por los que se podrían pedir hasta cuatro años de prisión, mientras que concurrirían algunos delitos más que conllevarían multa económica, ha indicado.

Todo ello por unos presuntos delitos que derivaron, a su juicio, en la muerte del paciente a los 86 años, que fue diagnosticado en 2005 de un carcinoma de mama izquierdo, tratado quirúrgicamente en Madrid, donde residía entonces, mediante mastectomía y vaciamiento axilar.

El tumor fue de tipo hormonodependiente, como es habitual en los casos de cáncer de mama masculino, y tras su jubilación, en 2011, se trasladó a vivir a Garrucha y quedó adscrito al Servicio Andaluz de Salud. Fue atendido por su médico de cabecera por patologías menores, "sin seguimiento oncológico ni realización de pruebas de control pese a sus antecedentes", según el abogado.

Sires ha señalado que en su bufete han puesto en marcha una plataforma a la que se han sumado ya cinco mujeres afectadas por problemas en el cribado de sus pruebas de cáncer de mama en Andalucía, con un caso de Huelva capital, entre otros, con lo que “esto se expande a la geografía de Andalucía”, no solo a una provincia en concreto.

Ha asegurado además que la familia del fallecido “y él mismo pasaron 14 años de lucha y desesperación” para tener seguimiento de su enfermedad, sin que lograse tenerlo, hasta que murió el pasado 25 de julio.

“Esta denuncia deja un camino para que los letrados y letradas puedan presentar denuncias similares”, ha dicho, tras lo que ha confiado en que la demanda sea admitida y se abran diligencias por este asunto.

La Junta defiende a los profesionales del SAS

La respuesta de la Junta a esta demanda ha venido a través del delegado territorial de Salud y Consumo en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, quien ha mostrado su confianza "en los profesionales del Hospital de La Inmaculada y de todos los hospitales" públicos andaluces.

"Respetamos cualquier tipo de decisión por parte de las familias", ha indicado Belmonte a preguntas de los medios, ante los que ha incidido que esta cuestión, una vez que se interponga la anunciada denuncia, quedará "en manos de la justicia" y de los servicios jurídicos de la Junta.

No obstante, ha trasladado su apoyo a los profesionales sanitarios a la hora de actuar ante este tipo de casos. "Creo que la profesionalidad está entre todos y los protocolos están ahí para seguirlos", ha añadido el delegado de Salud almeriense.

"Si el juez considera que hay algún tipo de negligencia, bueno, pues entonces se determinarán las consecuencias correspondientes a nivel de indemnizaciones o lo que determine la justicia", ha añadido Belmonte sin entrar en las actuaciones concretas que se siguieron en este caso.