La Guardia Civil revela que la Casa de Alba desprecintó pozos antes de una orden judicial

La Guardia Civil ha recogido en un atestado que la empresa vinculada a la Casa de Alba que se encarga de la gestión de la finca Aljóbar de Aznalcázar (Sevilla), ubicada en el entorno de Doñana, habría desprecintado pozos antes de que el juzgado que investigaba estas captaciones de agua lo hubiera autorizado.

El atestado del Servicio de Protección de la Natulareza (Seprona), al que ha tenido acceso EFE este martes y que ya ha sido recibido por el Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor que se encarga del caso, documenta la intervención para dar cumplimiento al auto judicial que ordenaba el desprecinto de nueve pozos. Esta medida, dictada el 10 de septiembre de 2026 por el Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor, pretendía levantar unas medidas cautelares impuestas previamente.

Sin embargo, al personarse los agentes el 22 de septiembre de 2026, constataron que el desprecinto oficial no se podía llevar a cabo de manera real porque los pozos ya se encontrarían en funcionamiento y con elementos de extracción instalados.

Según el atestado, personal de la empresa Eurotécnica Agraria justificó esta acción con el argumento de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) les había otorgado una concesión de aguas públicas en mayo de 2026, que les daba un plazo de tres meses para instalar contadores volumétricos y ponerlos en marcha.

Frente a esto, la Guardia Civil señala en el informe que se desconoce la fecha real en la que se colocaron dichos contadores y advierte de que la finca podría haber estado, por tanto, extrayendo agua varios meses sin control por parte del organismo de cuenca.

Posible quebrantamiento de medida cautelar

Por todo ello, los agentes concluyen que la propiedad podría haber incurrido en un ilícito penal por quebrantamiento de una medida cautelar. Este nuevo episodio se enmarca en la causa judicial que investiga el uso de pozos no autorizados administrativamente en esta finca agrícola.

Eurotécnica Agraria ya presentó un escrito para oponerse a los recursos de la Fiscalía y de Ecologistas en Acción contra el archivo de la investigación, al entender esta empresa que no hay base técnico-científica que probara un daño sustancial al acuífero y amparándose en las autorizaciones concedidas por la Confederación para el riego.

En cambio, la Fiscalía mantiene en su recurso que existen indicios suficientes de un delito contra el medio ambiente, debido a la extracción sistemática y de carácter industrial de agua durante años. La Fiscalía cree que la legalización posterior de los pozos por parte de la Confederación Hidrográfica no elimina el delito medioambiental que podría haberse consumado con anterioridad.