La Fiscalía pide internar a 8 menores y libertad vigilada para 70 por altercados en Barcelona
Las medidas deben ser ratificadas por el juez de menores.
En libertad vigilada fundador de Blocus en España, un menor de 16 años, acusado de organizar los saqueos en Barcelona y Valencia
La Fiscalía ha pedido el internamiento de ocho de los menores detenidos en los altercados del pasado sábado en el centro de Barcelona y libertad vigilada para otros 70, una medida que incluye el seguimiento de un educador para, de acuerdo con sus padres, garantizar que el adolescente no reincida.
Según ha informado un portavoz del ministerio público, desde el pasado sábado han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores 89 jóvenes, más de la mitad de los 130 que acabaron detenidos por su presunta relación con los disturbios y saqueos que el pasado sábado desataron el caos en el centro de Barcelona, en una protesta convocada por la red anónima Blocus.
Tras las diligencias correspondientes, la Fiscalía ha pedido el internamiento de ocho de los menores detenidos y medidas de libertad vigilada para otros 70, con la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de manifestaciones en todo el territorio español.
Las medidas deben ser ratificadas por el juez de menores
Las medidas, que deben ser ratificadas por el juez de menores dado que suponen limitaciones a la libertad, las propone el fiscal tras la evaluación de un equipo técnico, compuesto por psicólogos y educadores sociales que estudian el entorno y las circunstancias personales del menor y plantean qué tipo de control es el adecuado para cada caso.
En el caso de la libertad vigilada, el joven es objeto de seguimiento por parte de un educador para garantizar que no reincide en actividades delictivas mientras espera el juicio, que en la jurisdicción de menores suele demorarse un promedio de dos años.
Durante este tiempo, el educador mantiene el contacto con los padres del menor con libertad vigilada para asegurarse de que va a clase o cumple con su trabajo y que está tratándose para abandonar hábitos tóxicos -en el caso de que los haya- y otras conductas de riesgo como las que lo llevaron a delinquir.
Si el educador considera que el adolescente no está cumpliendo con las exigencias previstas en el plan de libertad vigilada o las medidas accesorias impuestas -como la prohibición de acudir a manifestaciones-, la Fiscalía puede plantear al juez que lo sustituya por su internamiento en un centro de menores.