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Gobierno y Generalitat anunciaban en agosto de 2021 el principio de acuerdo por la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona - El Prat. El debate político fue intenso, la Generalitat exigía a AENA modificar sus planes de ampliación sobre el espacio protegido de La Ricarda y en diciembre del mismo año AENA renunciaba al proyecto de ampliación por la falta de acuerdo.
Un año más tarde, el pacto entre ERC y el PSC para aprobar los presupuestos catalanes ha obligado a la Generalitat y Ejecutivo reabrir el estudio técnico para ampliar el aeropuerto.
El debate se mantiene en 2023 ya que la ampliación del aeródromo, sea con una cuarta pista sobre el mar o con una prolongación de la tercera como propone AENA, afectarán a zonas de especial protección para las aves y en el fondo, se debate el modelo de desarrollo económico y social para Barcelona y Cataluña.
Los ayuntamientos de El Prat y de Barcelona se han alineado a entidades ambientalistas y rechazan la ampliación del aeropuerto; Gobierno y Generalitat, por su parte, se encuentran a las antípodas y hacen malabares por rebajar la oposición al acuerdo.
Estos son los argumentos a favor y en contra de la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona - El Prat, el tercero en volumen de viajeros internacionales el mes de julio en España.
Primero. El proyecto busca crear un hub o centro internacional aéreo que fomente las conexiones de aviones de largo recorrido que vuelan entre Asia y América. Lo ven como una forma de atraer visitantes de Estados Unidos y de China, con mayor poder adquisitivo, y reducir así la dependencia de turistas procedentes del Reino Unido y de Rusia, los principales 'exportadores' de viajeros a la capital catalana.
Segundo. Estrechamente relacionado con el primero, el argumento económico. Calculan que el plan supone la creación de 83.000 empleos directos y 364.000 indirectos, y el aumento del PIB de Cataluña un 9 %, algo "indispensable" para la recuperación post-covid. Unas 200 entidades han firmado un manifiesto a favor, entre ellas el Círculo de Economía, la Cambra de Comerç de Barcelona, Foment del Treball o Pimec, convencidas de la necesidad de generar un importante polo de desarrollo económico en la ciudad condal.
Tercero. El aeropuerto barcelonés se encuentra al límite de su capacidad, según Aena, que ha diseñado la propuesta de ampliación argumentando que el aeropuerto "dejará de ser competitivo en 2024". Su límite es de 55 millones de pasajeros anuales y ya registró 53 en 2019; el proyecto pretende redimensionar el número de operaciones.
Cuarto. Conectará el aeropuerto de Barcelona - El Prat con el de Reus (Tarragona) y el de Girona a través de la alta velocidad, por lo que la ampliación del primero también pasa por apoyarse en la capacidad de los otros dos. Asimismo, el nuevo sistema reducirá la contaminación derivada del tráfico rodado de los pasajeros que necesiten desplazarse entre los aeropuertos mencionados y que, antes, lo hacían en coche.
Quinto. Sus 1.700 millones de euros es la mayor inversión que Cataluña recibirá en la última década y es resultado del restablecimiento de las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat. La Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el vicepresident catalán Jordi Puigneró cerraron el acuerdo en paralelo a la comisión bilateral entre ambas administraciones, en las que prevén cerrar 56 traspasos en favor del Govern.
Primero. La ampliación de la tercera pista y la construcción de una nueva terminal invadirán el delta del Llobregat, espacio protegido de un centenar de hectáreas que alberga centenares de especies de aves, peces y vegetación. Es el principal argumento de los opositores al proyecto. Mientras tanto, la solución de Aena, que propone compensar con diez kilómetros cuadrados nuevos de zona verde al otro lado del humedal por cada uno que se pierda, no convence a nadie. El espacio está amparado por la Unión Europea y la Comisión Europea debe de dar el visto bueno al proyecto.
Segundo. El aumento del número de vuelos operados comportará el obvio incremento de las emisiones CO2, algo que también pone en duda la idea del "aeropuerto más verde de Europa" como la Generalitat insiste en presentarlo. El vicepresident Puigneró ha reconocido en Catalunya Ràdio que aún deben "trabajar cuestiones" como el tipo de combustible que usen los aviones o la descarbonización de la movilidad alrededor del aeropuerto.
Tercero. Al impacto sobre el delta y al aumento de la polución se le suma la contaminación acústica. El aeropuerto se encuentra en el municipio de El Prat, que cuenta con 65.000 habitantes y que, a pesar de que un acuerdo regula y aleja los despegues del núcleo urbano para evitar molestias, muchos de ellos conviven con el ruido. Ahora, el consistorio y entidades temen que la ampliación del aeropuerto agrave la situación.
Cuarto. Cuestiona la Ley de Cambio Climático, que busca "poner en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición energética". No obstante, y tal y como Más País se ha encargado de expresar, las consecuencias del plan lo pueden hacer parecer radicalmente contrario a esta misma lucha. Asimismo, fomenta el turismo de masas en una ciudad demasiado masificada todo el año, especialmente los meses de verano.
Quinto. Por más obvio que sea, no debe dejar de decirse: el proyecto no genera consenso, sino malestar. Gobierno y Generalitat entonan sintonías parecidas al fin, pero han cerrado el acuerdo independientemente de la mesa de trabajo creada entre ministerios, consellerías y ayuntamientos, que se han reunido hasta en tres ocasiones este mes de julio. Una "clandestinidad" que consistorios y entidades ya denuncian y que abre la veda en torno a un proyecto todavía con demasiados flecos por cerrar. Ya hay concentraciones convocadas contra la ampliación.