La factura eléctrica supone gran parte del gasto total energético de una familia media española. Según un informe de FACUA, los españoles gastamos un 85,7% más que hace 15 años, es decir, en 2003 pagábamos una media de 43,47 euros y el año pasado casi duplicamos esa cifra, 80,73. Es más, en el análisis de la organización quedaba patente que la parte fija se había incrementado un 152,8% en ese mismo tiempo.
Pero no hay que hacer comparativas con tanto trecho temporal para constatar que en los últimos tiempos esa curva ascendente ha cogido carrerilla y parece imparable. La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) lanzó hace pocos días un comunicado en el que alertaba que el precio de la energía es un 25% más elevada que en enero de 2018. En su análisis subrayan un aumento del 6,5% en la factura con respecto al mismo mes del año pasado, un poco más que el 5,8% resultante de las cuentas echadas por FACUA.
Comercio de derechos de emisión
Centésima arriba o abajo, estamos ante uno de los arranques más duros en gasto energético de los últimos años. Para muchas organizaciones esta escalada radica en el aumento del precio de los derechos de emisión de CO2. Según especifica el Ministerio para la Transición Ecológica en su página web, el comercio de derechos de emisión es un instrumento de mercado a través del cual se crea un incentivo o desincentivo económico con el fin de obtener un beneficio medioambiental. Es decir, se trata del derecho adquirido por una planta industrial para emitir una determinada cantidad de gases a la atmósfera, una herramienta con la que se trata de controlar el cambio climático y cumplir con la reducciones fijadas en un 40% para 2030.
Un crédito, una tonelada de CO2
El gobierno o la autoridad competente establece un límite sobre la cantidad de emisiones y las empresas están obligadas a gestionarlo con un número de créditos (un derecho equivale a una tonelada de CO2) que se le asignan gratuitamente después de haberlo socilitado en los plazos y con los documentos necesarios que establece el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea, al que están adheridas 11.000 instalaciones en toda Europa.
Bonos transferibles
Estos bonos son transferibles, se pueden comprar y vender (mediante un proceso de subasta), de tal modo que aquellas empresas que necesitan aumentar sus emisiones pueden adquirir derechos de otras compañías que contaminan por debajo de lo establecido y a las que les sobran algunos de los bonos asignados. Cuando el año acaba, están obligadas a entregar los créditos equivalentes al total de sus emisiones de CO2. En caso de no hacerlo, deberán someterse a fuertes multas.
Una transacción que beneficia a todas las partes, pero que redunda en la factura de los clientes de aquellas compañías que compran más créditos, las más contaminantes, además de las que marcan el precio de la energía en el mercado. Esas empresas realizan una enorme inversión en esos créditos y, según los organismos y asociaciones de consumidores, contrarrestan ese gasto incrementando el precio de la electricidad en las subastas. Son muchos los expertos en Energía que denuncian la regulación actual del sistema eléctrico, ya que el aumento en los costes de algunas centrales tienen un enorme impacto en el mercado.
Asimismo, el Gobierno también recauda, nada más y nada menos que 1.100 millones de euros este año en el caso de España, según recogen los Presupuestos Generales del actual ejecutivo, todavía sin aprobar por la Cámara Alta. El plan es que esa cifra se invierta en la transición del carbón, incentivando planes para aquellas provincias más afectadas por el cierre de las minas de carbón.
Cotización de créditos al alza
En poco más de un año el precio por la emisión de CO2 a la atmósfera se ha disparado y se ha pasado de los 8.34 que se pagaba por una tonelada en enero de 2018 a los 23,40 euros de este año, muy cerca de los 30 establecidos por los expertos para que esas compañías opten por alternativas tecnológicas antes que tirar de billetera para adquirir bonos.
Tendencia al alza
La tendencia, según los especialistas, es que esas cifras serán cada vez más abultadas e irán acompañadas de un menor cupo de derechos gratuitos asignados, por lo que es previsible que necesiten acudir con más frecuencia al mercado para obtener más bonos y, por consiguiente, el precio de la luz siga incrementándose.