El texto de la enmienda hace referencia al artículo 122 bis de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que en su párrafo 2 estipula que “se requerirá de autorización judicial” para “la ejecución de las medidas para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual”.
Esta eliminación de tutela judicial es que ha alertado David Bravo, abogado especializado en derecho informático y propiedad intelectual a través de un hilo de Twitter.
Bravo, diputado de Podemos en la XI legislatura llama la atención sobre una enmienda conjunta presentada por PP, PSOE y Ciudadanos “para poder cerrar webs sin ningún tipo de control judicial, ni siquiera el pequeño control que todavía había en la Ley Sinde”.
Así lo explicaba en el siguiente hilo:
Defensa de los creadores
Fuentes del grupo parlamentario socialista consultadas por Informativos Telecinco aseguran que la enmienda a la Ley de Propiedad Intelectual "no propone en ningún caso la supresión de la autorización judicial previa" y achacan a un desconocimiento de la ley o a una actitud "demagógica" sostener lo contrario.
Según estás fuentes socialistas la enmienda "solo afecta al procedimiento sancionador de la ley y tiene carácter técnico", y puntualizan que "el requisito de la autorización judicial previa en el procedimiento de salvaguarda no se toca en esta propuesta".
Aseguran que "la sanción que impone el cese de actividad de una página web solo se puede adoptar en caso de reiteración de conductas ilícitas y siempre después de concluir varios procedimientos administrativos contra una misma web".
Es este carácter de reiteración delictiva es lo que justifica el inicio "del procedimiento sancionador", siempre y cuando "hayan contado antes con la correspondiente autorización judicial".
Defienden que se trata de una "transposición normativa de la UE con el "único objetivo de reequilibrar y no perjudicar el desarrollo tecnológico así como que la gente pueda cobrar por su trabajo y no trabajar gratis".
Mejorar la lucha contra la piratería
Representantes del grupo parlamentario de Ciudadanos, han negado también que se hurte al control judicial el cierre de páginas webs, todo lo contrario "se sigue contando con el requisito de autorización judicial para la retirada de estos contenidos, garantía que sigue vigente según lo recogido en la ley".
Defiende la enmienda a la Ley de Propiedad Intelectual porque el "procedimiento denominado "Función de salvaguarda de los derechos en el entorno digital", regulado en la ley se ha probado insuficiente para proteger a los titulares de derechos de autor cuando estos son vulnerados".
Aseguran que con el actual redactado normativo se han obtenido "resultados muy inferiores a los conseguidos con legislación equivalente en países de nuestro entorno". Por ello están convencidos de que es necesario su "perfeccionamiento" con el objetivo de "reducir en nuestro país del fenómeno de la piratería". Así como "agilizar el procedimiento en aquellos casos de reincidencia de quien haga uso ilegal de contenidos ajenos".
Por su parte, fuentes parlamentarias del Partido Popular han asegurado que hasta que no concluya el debate en la Comisión de Cultura del Congreso y se disponga del texto final que deberá ser aprobado por el Pleno de la cámara alta no entrarán a comentar el contenido de las enmiendas.